A pesar de lo que digan, muy por encima de lo que declaren, y de la oficialización del estilo priista, el PRI no se transforma, acaso recrudece su actitud hegemónica a partir de una declaración ideológica y de principios para que conste en el papel, todo lo que era una cuestionada realidad en términos de las negociaciones del partido en el gobierno.

Ahora y como resultado de la Asamblea Nacional en el contexto del 84 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el resultado es en términos claros, llanos y directos, la culminación del partido en el gobierno y el gobierno en el partido. El cénit del PRIGobierno.

En esa premisa se resumen las decisiones tomadas en el cónclave tricolor donde ya, de manera oficial y por estatutos, el Presidente de la República de origen priista se convierte en el líder –no podría ser un integrante más dado su investidura– del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente del partido, apartado que terminarán de completar quienes ostentan cargo de elección popular legislativo o ejecutivo. Con ello no sólo el PRI acaba con la separación de poderes al supeditar a los priistas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a los designios del Presidente, sino que compromete la agenda presidencial a un proyecto partidista de nación.

Ciertamente estas situaciones se presentaban aún sin oficializarse; los priistas siempre han votado en bloque aun contraviniendo las necesidades de sus electores en los distritos federales y dando un ciego respaldo a quien encabeza el gobierno federal. El hacerlo por consigna y no por estatuto era parte de no ser tan cínicos, finalmente podían vender en lo individual si alguno no estaba de acuerdo, una independencia en términos de poderes. Ahora ya no será así. La agenda del Presidente es la agenda del Partido y a este pertenecen los líderes de las Cámaras Legislativas. Se acabó definitivamente con la autonomía.

Significa esto que más allá de que no habrá autocrítica, los legisladores priistas –mayoría camaral con sus aliados– votarán a las órdenes del Presidente de la República y del Presidente de la Comisión Política Permanente del PRI, que resulta ser el mismo. En este tiempo en particular, Enrique Peña Nieto.

La sana distancia que se decretó entre el PRI y el Gobierno Federal en tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, es un candado con el cual en este 2013 Peña y sus comparsas priistas no tienen la habilidad ni la sapiencia para trabajar en hacer gobierno. De ahí que la hayan eliminado por unanimidad –de hecho las decisiones en el PRI no son por mayoría, son unánimes siempre– para que de una buena vez se sepa lo que siempre ha sido obvio: en el PRI no hay autonomía, ni separación de poderes ni respeto entre los diferentes órdenes de gobierno. Ahí tiene que regidores, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, diputados federales, senadores de la República y funcionarios de gobierno federal incluidos secretarios de Estado, ahora son uno solo dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Esta medida es la oficialización de lo “que ordene el señor Presidente”, y en ese sentido Enrique Peña Nieto y el PRI han secuestrado la gobernabilidad de México al permitir que las decisiones que afectan a la nación y a los mexicanos todos, se tomen en la Comisión Política Permanente del partido, aprovechando su mayoría, la complacencia de los legisladores tricolores, la colaboración de los gobiernos estatales priístas –en casos cuando deben avalar reformas constitucionales– y la poca presencia y seriedad de la oposición que en lugar de defender independencia y proyecto de nación, firman pactos.

Antes que le aprobaran las reformas en el partido, Enrique Peña Nieto enseñó a los suyos –y quizá a manera de amenaza política– de lo que es capaz de hacer con aquellos que no le siguen, que le emplazan públicamente y no respetan su investidura: los mete a la cárcel. Ahí el caso de Elba Esther Gordillo Morales que con todo y que dio motivos para su investigación y detención, nunca negó en 24 años de lo que era capaz, y ello fue consentido por Carlos Salinas, por Ernesto Zedillo y en el Gobierno del Estado de México por Enrique Peña Nieto. Aun en la campaña presidencial la concordia marcó las relaciones entre el mexiquense y la líder sindical. No fue hasta que ésta se creyó la impunidad en la que por esos años vivió que el Ejecutivo Nacional la ejecutó políticamente.

En esas condiciones, con ese antecedente, Peña Nieto puede ya ejercer por lo menos al interior de su partido el totalitarismo. Ninguno de los líderes de sectores priistas, ninguno de quienes encabezan las fracciones priistas en cualquiera de las Cámaras, está libre de investigación como para decir no al Presidente de la República, quien en esa condición de controlador total, ahora lo es abierta y legalmente.

Tiene en el PRI, voz, voto y comisión para pedir que sean votadas a favor las iniciativas que él considere benéficas para el País, acordaron todos ir en un bloque; incluso tiene ya facultad para intervenir en la designación de candidatos del PRI a cargos municipales, estatales y federales, el fantasma del dedazo se ha vuelto de carne y hueso e inscrito está.

Aprovechando ese ambiente de todopoderoso, el Presidente Enrique Peña Nieto logró que su partido le quitara los candados para la eliminación de la protección de una tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado en ciertos productos y que se aprobara también la política de la inversión privada en el sector energético mexicano.

El PRIGobierno, el poder absoluto entregado a una persona, en este caso el Presidente de la República, está confirmado que corrompe, que presiona, que reprime, que defrauda. En tiempos de transformaciones tecnológicas, sociales, políticas, en México regresamos, vía el autoritarismo priísta, a los cacicazgos políticos. Y el PRD y el PAN, bien gracias. Avasallados por su propia podredumbre y complicidad que les impide revelarse a quien ostenta el poder político y gubernamental.

Adela Navarro Bello

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